Oscar Hawkins –
MBA, PAG, MPEX.
Las recientes protestas en Costa Rica, producto de negociaciones de
créditos a contratar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1,700
Millones, con las repercusiones de los consabidos “Acuerdos de Intención” nombre
rutilante para las condicionantes que imponen las IFIS en sus empréstitos
soberanos a países en vías de desarrollo, nos llevan a adentrarnos en las
realidades actuales de uno de los países mas estables de la región y que en
muchas ocasiones ha sido llamado a ser referente y modelo político-social para
sus pares latinoamericanos.
Pero el problema no es nuevo, sino la acumulación a nuestro juicio de la
falta de acuerdos políticos y actualizaciones en los modelos de desarrollo del
estado a lo largo del tiempo (estado dinámico), lo cual si bien en términos de
respuesta social ha podido producto de su modelo de Estado de Bienestar y
Social al estilo Europeo de post guerra ha logrado ampliar y profundizar
insumos importantes de bienestar social como los son la educación, la
universalidad de servicios sanitarios entre otros, potenciados por el ahorro
efectivo en sus recursos producto de la eliminación de ejércitos y la no
participación en conflictos de índole interno (guerrillas, plagas, desastres
naturales) entre otros.
Sin embargo a la vez que esta cobertura social avanzaba a través del
tiempo, su aparato estatal incrementaba, sin lograr las transformaciones de los
tiempos globalistas e integradores del momento y de esta manera se crea, a contracorriente del momento un estado
estatista, con empresas públicas no “Corporatizadas” en el cual bajo los
parámetros de no medición de efectividad y sin estrategia de inclusión de
dichos recursos a su desarrollo nacional a lo largo del tiempo, solo podría
servir para el financiamiento de la ya pesada carga del aparato estatal con las
consecuencias inexorables de dificultades fiscales (estimaciones cercanas al
10% del PIB para el cierre del 2020) situación apreciada incluso sino
existiese la crisis sanitaria producto del Covid-19.
Hago énfasis en que esta crisis no comenzó ni su génesis es producto de la
pandemia Global, por el contrario el mismo sobreviene desde la crisis
financiera en 2007-2008 (Gobierno Oscar Arias – PLN) y establecido desde aquel
recordado referéndum para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos (CAFTA) aprobado por estrecho margen (51% a 48%), el cual a la
vista del tiempo conllevó a cierto grado de colapso del mercado productivo
interno que sumado a la crisis en las economías desarrolladas, afectaciones de
mercados externos, con lo cual la falta de reconversión de las características
del estado en cuanto a la relación tamaño-productividad han arrastrado la carga
fiscal a través de los sucesivos gobiernos (Chinchilla, Solís, Alvarado) sin
cambios en la situación.
Por otro lado, una tesis importante al respecto de la falta de acción
corresponde a la recomposición que en ese mismo periodo de tiempo ha mostrado
el espectro político del vecino país, el cual ha mutado del Bipartidismo
regular (PLN-PUSC) a una amalgama de banderas ideológicas, que van desde el
gobernante PAC (centro izquierda), hasta “extremos” como Frente Amplio, Restauración Nacional e
Integración Nacional de Derecha frontal, con lo cual el dialogo político y los
acuerdos necesarios en todo democracia regular, se ve diluido en sus
interlocutores y dificulta la gobernanza requerida en tiempos de crisis y de
evolución dinámica constante.
En cuanto a Panamá en el mismo periodo de tiempo, ha logrado hacer ciertos
correctivos (faltan muchos relativos a calidad de vida impulsos sociales y
sostenibilidad), sin embargo, en materia de infraestructura, explotación de
recursos hacia el desarrollo y estabilidad fiscal (pre-Covid) se han realizado
avances sostenidos a lo largo de los últimos cuatro lustros, lo cual nos tiene
hoy día, pese a las crisis del momento como un atractivo receptor de
inversiones extranjeras y abierto al apetito de bancos privados globales al
momento de la emisión de deuda soberana, incluso en este 2020 que el mundo ha
recurrido a dichos instrumentos por necesidad imperiosa.
Al día de hoy y pese a los créditos requeridos este año para afrontar tanto
la pandemia, como la baja en la recaudación, el relación deuda/PIB de Panamá
cerrará bordeando 53.2% de acuerdo a estimaciones de Fitch Ratings, cuando para
el mismo periodo se estima que dicha relación en Costa Rica se ubicaría en
70.2%, si bien el impacto en ambos países, se debe a la disminución de ingresos
fiscales, la estructura fiscal del Estado Panameño, brinda algunas ventanas de
apalancamiento en los ingresos no tributarios (Canal, empresas mixtas etc.) en
tanto para Costa Rica la fortaleza se ubica en las exportaciones de productos
dada la profundización de su política comercial a lo largo del tiempo.
Quedan entonces tareas pendientes post-covid para ambos países, en primera
instancia y a nivel de gobernanza, comprender su importancia en la región como
estabilizadores, en el aspecto interno, buscar los consensos potables en
políticas públicas que den sostenibilidad al discurso político. Son historias
paralelas, pero a su vez con elementos de transversalidad integral.
Para Panamá cerrar la brecha social y el incremento de la inversión
efectiva y con resultados en educación, así como en aspectos financieros lograr
la mezcla de parámetros adecuados dentro del sistema de seguridad Social.
Para Costa Rica, consenso político en la modernización del estado, pasar
del estado de bienestar (estado actor directo) al Neo Keynesianismo del estado
regulador.
